La digitalización del puesto de trabajo sigue siendo un reto para el sector público

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Aunque el sector público está acelerando su digitalización, esta todavía está en una primera etapa, y eso se refleja en diferentes ámbitos como la dificultad de abordar estrategias de trabajo inteligente. Factores como la cultura organizacional, disponer de tecnología obsoleta y dificultad para actualizar las herramientas o disponer de procesos complejos para realizar el teletrabajo, aparecen como los principales retos.

El gasto de TI del sector público crecerá un 6,4% en 2021 respecto de 2020, manteniendo una tendencia estable durante el periodo 2024 hasta situarse en una tasa de crecimiento anual compuesto del 1,2%.

Los planes del sector público están muy alineados con las principales tendencias empresariales, aunque, todavía, la mayoría de las administraciones y entidades del sector público (81%) se encuentra en las primeras etapas de su transición digital.

Según datos del estudio de campo, las inversiones tienden a concentrarse en el mantenimiento de sistemas de gestión corporativos y aplicaciones heredadas (37 %), automatización de procesos (17 %) y seguridad (22 %), como principales áreas de inversión, seguidos por la transformación del puesto de trabajo (14 %) y cloud (10 %).

Todo ello ha sido en un estudio, en el que han colaborado diferentes proveedores, que se ha detenido en el análisis de la situación del sector público en el ámbito del puesto de trabajo inteligente (smart work).

Al respecto, el estudio muestra que es un mercado claramente en alza. Las estimaciones apuntan a que crecerá hasta alcanzar los 871,5 millones de euros en 2024, presentando tasas de crecimiento agregado compuesto cercanas al 70% en el periodo 2021-2024, impulsadas por la adopción de cloud y servicios de big data y analytics, fundamentalmente.

Uno de los efectos más significativos de la pandemia ha sido la implantación de políticas de Smart Work en las organizaciones, debido a las exigencias de la situación. En el caso concreto del sector público, el 72,8% de las entidades consultadas reconoce disponer de políticas de teletrabajo, lo que está llevando a implantar jornadas mixtas de un día a la semana de teletrabajo (26,7% de la muestra) o bien tres días a la semana (12%), si bien son las organizaciones de mayor tamaño las que están incorporando este tipo de políticas de manera más visible.

Para poder implantar de manera adecuada una política de teletrabajo en las organizaciones públicas, no solo basta con disponer de la tecnología y herramientas necesarias, debe existir una legislación que permita al empleado público poder realizar su actividad en otra ubicación. En España, el 85,4% de las organizaciones consultadas afirma disponer del entorno requerido (tecnología, herramientas y entorno regulatorio) para realizar teletrabajo, aunque en general la situación cambia cuando desagregamos el análisis.

Factores como la cultura organizacional, disponer de tecnología obsoleta y dificultad para actualizar las herramientas o disponer de procesos complejos para realizar el teletrabajo aparecen en el estudio como los principales retos a la hora de abordar la consolidación de políticas de Smart Work en la Administración pública.

En cuanto a la cultura organizacional, la situación es compartida en todas las organizaciones públicas, ya que tanto la AGE (27,2%), la administración regional (19,2%) y local (26,4%) o las empresas públicas (27,2%) consideran que es la principal barrera para poder afrontar una transformación del puesto de trabajo.

En este sentido, preguntadas las organizaciones por las prioridades de inversión asociadas al puesto de trabajo para los próximos doce meses, la formación y recualificación del personal para incrementar las capacidades digitales aparece como la principal prioridad, seguida de la automatización de procesos, adecuación y habilitación del espacio de trabajo digital, así como el seguimiento y mejora de la experiencia del empleado.

Adecuar y habilitar el espacio de trabajo es una prioridad sobre todo para la administración regional. El 39,2% de la muestra considera que se necesita invertir más en transformar el puesto de trabajo más allá de la incorporación de tecnología (dispositivos, infraestructuras, etc.), siendo la automatización de procesos un elemento clave que permitiría incrementar la productividad del empleado público, especialmente de aquel de la administración regional y local (27,1% y 32% respectivamente).

La muestra consultada considera como principales factores clave para implementar iniciativas de transformación del puesto de trabajo la concienciación acerca del impacto que dichas iniciativas tienen dentro de la función pública. La resistencia al cambio y la ausencia en ocasiones del caso de negocio que visualice las ganancias de la iniciativa o como ayuda a mejorar el cumplimiento normativo, se convierten a menudo en las principales barreras que impiden el desarrollo, especialmente en el caso de la administración regional (29,5%) y las empresas y organismos públicos (31,5%).

En los ámbitos de automatización de procesos y transformación del puesto de trabajo, las soluciones de comunicaciones unificadas, colaboración y experiencia del cliente son esenciales, que es especialista en este campo.

Fuente: IT User

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